Wolgfang Henk “N”, Juan Félix “N”, Miguel “N” y Sandra Magaly “N”, policías de Tlajomulco, fueron vinculados a proceso por pedir mordida a un ciudadano por un percance vial y fueron acusados por abuso de autoridad y cohecho.
La jueza Primera, Susana Azzaid Betancourt Flores, resolvió vincularlos a proceso por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2024, alrededor de las 16:00 horas, donde un vehículo y una motocicleta chocaron cuando circulaban por calles de la colonia Altavista en Tlajomulco.
La motocicleta era conducida por un policía municipal, quien se encontraba de descanso en ese momento.
El motociclista fue trasladado a un centro de salud por tener lesiones, y posteriormente, los elementos municipales le exigieron al conductor del vehículo el pago de 30 mil pesos, argumentando que su compañero se encontraba grave de salud.
El conductor del auto se negó a pagar el dinero y les insistió que solicitaran mando y conducción del agente del Ministerio Público para que les indicara el protocolo a seguir. Los oficiales se rehusaron y, en cambio, lo esposaron, presionándolo para que entregara la cantidad solicitada.
La esposa de la víctima llegó al lugar y comenzó a grabar y fotografiar los vehículos para documentar lo ocurrido, pero los policías le quitaron el teléfono celular, al conductor lo subieron a la patrulla y lo trasladaron a su domicilio.
En este sitio, al conductor lo obligaron a firmar un pagaré por 27 mil pesos, entregar tres mil 650 pesos en efectivo que llevaba consigo en ese momento y la factura de su vehículo como garantía del pago total que exigían.
Las víctimas acudieron a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que abrió una carpeta de investigación y, tras las indagatorias, los cuatro policías municipales fueron presentados ante la jueza, quien ordenó como medidas cautelares que los vinculados deberán presentarse a firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares.
La jueza también les prohibió acercarse al domicilio de las víctimas, así como molestarlas de ninguna forma, y se giró oficio a sus superiores para que, en caso de asignar algún servicio en los domicilios de las víctimas, se envíe a otra unidad un plazo de seis meses.
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