Cristian Alejandro “N”, Carlos Rodolfo “N” y Jacqueline Guadalupe “N”, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, pagaron 75 mil pesos tras acusación de abuso de autoridad.
Con este pago obtuvieron la suspensión condicional al proceso que se les seguía en la Fiscalía anticorrupción.
Este acuerdo se tomó en la audiencia del 22 de octubre en los juzgados de Puente Grande, donde el Juez Noveno de Control y Oralidad, Jorge Antonio Nava Pérez, aprobó el plan de reparación del daño presentado por la defensa.
El acuerdo fue la suspensión del proceso a los tres servidores públicos, quienes pagarán un total de 30 mil pesos como reparación del daño a la víctima, así como un donativo conjunto por $45,000 pesos al área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara, por concepto de reparación del daño a la sociedad.
Las medidas cautelares para los próximos seis meses son que los elementos estatales deberán residir en un lugar determinado, acreditar un curso de derechos humanos y firmar periódicamente ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares.
El agravio ocurrió en diciembre de 2022 en un deshuesadero de autopartes localizado en la colonia La Esperanza, en Zapopan.
Los uniformados reportaron en su Informe Policial Homologado que en el recorrido de vigilancia detuvieron a una persona que caminaba de manera apresurada por la calle y, al hacerle una revisión de rutina, le encontraron un cuchillo, un billete de 100 pesos y una computadora portátil, por lo que la remitieron al Ministerio Público, quien la puso a disposición de un Juez de Control.
La defensa de la víctima presentó elementos de prueba que demostraron que la detención ocurrió en circunstancias diferentes a la reportada porque la persona fue sometida por los dueños del negocio en el interior del lugar y los objetos asegurados se obtuvieron en un momento distinto y no durante la revisión.
El Juez de Control ordenó dar vista al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que abriera la carpeta de investigación correspondiente.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción realizó las indagatorias y presentó a los uniformados ante el juez, quien resolvió vincularlos a proceso en abril de 2024.
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