La tarde del sábado 1° de noviembre de 2025, en pleno Centro de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de esa ciudad, fue asesinado durante un evento público con motivo del Día de Muertos. Este hecho, que podría ser calificado como el fin de una esperanza, exige un análisis.
Manzo había sido electo en 2024 como Alcalde e inmediatamente adoptó una postura pública de “mano firme” contra el crimen organizado, denunciando la presencia de grupos delincuenciales en el municipio. En varias entrevistas él mismo decía “si algo me pasa, quiero que se sepa por qué fue”.
Durante la inauguración del Festival de Velas en Uruapan, mientras compartía micrófono y escenario con ciudadanos, fue atacado por al menos un agresor. A pesar de que la seguridad federal declaraba que él contaba con protección desde diciembre de 2024 y refuerzos desde mayo de 2025, eso no evitó el desenlace.
Uruapan está en una región de grupos que buscan el control del territorio, Manzo lo denunció. El mensaje del Alcalde rompía con la estrategia oficial del Gobierno federal que opta por “abrazos, no balazos”, señalando que aquello no era suficiente para Uruapan.
Si bien había vigilancia asignada, el asesino logró acercarse en un espacio público repleto de gente —la plaza— lo que revela una vulnerabilidad de quien se decía protegido.
La muerte de Carlos Manzo no es solo la pérdida de un Alcalde; es la pérdida de una apuesta por el cambio, por la confrontación abierta al crimen. Y cuando esa apuesta cae así —en un escenario público, con testigos, con complicaciones que se podían ver venir—, lo que se cuestiona es el contrato que la sociedad hace con sus instituciones: que garantizan la vida, la libertad, la justicia.
Por tanto, lejos de ser un hecho aislado, este crimen debe verse como un llamado de emergencia. Porque si alguien que lo dijo claramente —“no quiero ser otro Presidente Municipal asesinado”– acaba así, ¿qué confianza se puede tener cuando el poder público no garantiza seguridad en espacios de convivencia?
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