El Gobierno de Jalisco, a través de la Consejería Jurídica, realizó un taller y conversatorio en el que se presentaron los Apuntes para la Implementación del Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional adoptado en América Latina y el Caribe, que busca fortalecer la democracia ambiental y promover una gestión sostenible de los recursos naturales en la región.
“Que la academia, la sociedad civil y los involucrados en la impartición de justicia puedan conversar y debatir sobre el acceso a la justicia ambiental, me parece relevante para tomar mejores decisiones”, destacó Salvador Zamora Zamora, Secretario General del Gobierno de Jalisco.
La implementación del Acuerdo de Escazú representa una oportunidad para garantizar que cada persona tenga acceso a la información, pueda participar en las decisiones que afectan su entorno y cuente con mecanismos efectivos de justicia, con especial énfasis en la protección de quienes defienden el medio ambiente.
En el evento se abordó la importancia de fortalecer las capacidades institucionales para atender los conflictos socioambientales que enfrenta la región, y se destacó la necesidad de garantizar la participación de grupos históricamente excluidos, como pueblos indígenas, infancias y comunidades rurales.
“Cuando el acceso al medio ambiente se convierte en un derecho humano, nos lleva como autoridades, no solamente a reflexionar y prepararnos, sino a procurar que las políticas públicas estén realmente basadas en acuerdos y tratados internacionales”, expresó Tatiana Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Gobierno de Jalisco.
En el evento, realizado ayer en Palacio de Gobierno, estuvieron presentes Sandra Saldaña, Jueza de Distrito; María González Valencia, Coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; así como Kitzia Manríquez y Mayra López, de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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