Los policías municipales Jaime “N” y Sandra Leticia “N” junto con la trabajadora social Delia “N” de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, lograron la suspensión condicional del proceso por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración pública y en otros ramos del poder público.
En audiencia de ayer, el Juez de Control y Oralidad, Miguel García Hernández, concedió la suspensión condicional del proceso solicitada por la defensa de los señalados, quienes pagarán entre los tres el total de 23 mil 400 pesos como reparación del daño a la víctima. Además darán un donativo de 21 mil pesos a la asociación civil Ayudemos a Vallarta por concepto de reparación del daño a la sociedad.
Como condiciones a cumplir durante los próximos seis meses, el juez impuso a los implicados la obligación de residir en un lugar determinado, abstenerse de frecuentar lugares donde se encuentre la víctima, no molestar a la víctima ni a los testigos por ningún medio y acreditar un curso de derechos humanos.
A finales de agosto de 2022, Jaime “N” y Sandra “N”, policías municipales de Puerto Vallarta, atendieron un reporte sobre una niña que se encontraba sola y llorando en el interior de un domicilio de esa ciudad.
Al llegar a la vivienda, observaron que la ventana y la puerta de la casa estaban abiertas. Los elementos llamaron a la menor y cuando salió la aseguraron y trasladaron a la Comisaría de Seguridad Ciudadana; sin embargo, no solicitaron mando y conducción del Ministerio Público ni dieron vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece el procedimiento.
La niña fue puesta a disposición de la trabajadora social Delia “N”, adscrita a los juzgados municipales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, quien le preguntó el nombre de sus padres.
Con la información obtenida procedió buscarlos en redes sociales y localizó a la mamá, a quien llamó para que se presentara a recoger a la niña, quien temporalmente fue resguardada en los separos de la policía en lugar de derivarla a instalaciones del DIF.
La madre se presentó a recoger a su hija y posteriormente llegó el padre, con quien vivía la menor pues tenía la custodia provisional. Sin embargo, los policías lo detuvieron argumentando que se presentó agresivo y con aliento alcohólico, y entregaron a la menor a la mamá.
Tras los hechos ocurridos, el padre presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal que la remitió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde fue integrada por la Agencia Regional de Puerto Vallarta, quien realizó las indagatorias que permitieron vincular a proceso a los servidores públicos el 23 de diciembre de 2024.
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