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Vinculan a policías de Zapopan por abuso de autoridad

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Abiezer “N” y Jonathan Joel “N”, policías de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad al ingresar a un domicilio son permiso.

En la audiencia inicial celebrada ayer por la mañana en los juzgados de Puente Grande, el juez décimo octavo de Control y Oralidad, Sergio Salvador Peña Sánchez, resolvió vincular a proceso a los elementos por el delito de abuso de autoridad que comete el servidor público que ejecute “cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado”, de conformidad con lo establecido en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

El 30 de junio de 2022, los policías se presentaron en la casa de una persona, junto con un cerrajero y la hermana de quien habitaba la casa e intentaron ingresar por la fuerza al domicilio.

Los oficiales argumentaron que acompañaban a la supuesta propietaria y exigieron al ciudadano abrir la puerta para permitirles el ingreso; incluso, amenazaron con detenerlo si no lo hacía.

Al negarse a abrir, rompieron la chapa, ingresaron al domicilio y uno de los policías le quitó el celular al ciudadano, quien intentaba grabar la intervención, y lo arrojó contra la pared, provocando que se rompiera, mientras que el cerrajero procedía a cambiar las cerraduras de varias habitaciones.

La esposa del ciudadano intentó llamar al 911 y, al darse cuenta, los involucrados se retiraron antes de que pudiera concretar la llamada.

Posteriormente, la víctima acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a presentar una denuncia, por la que se abrió una carpeta de investigación en la que, tras las indagatorias dirigidas por el Ministerio Público, se esclarecieron los hechos y se encontró que los elementos habían mentido en el Informe Policial Homologado que llenaron para dar cuenta de su actuación en el asunto.

Por este motivo fueron presentados ante el Juez, quien determinó vincularlos a proceso e imponerles como medidas cautelares la obligación de presentarse a firmar cada mes, además de prohibirles acercarse a las víctimas por un periodo de seis meses.

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